Marianela Isabel Rivera Freiré (1980-26 de noviembre de 2016) fue una mujer ecuatoriana, víctima de feminicidio. Según el diario La Hora, su cuerpo fue encontrado sin vida en la parroquia Izamba, al norte de Ambato, Ecuador el 26 de noviembre de 2016.
Según el parte policial la causa de su muerte habría sido asfixia por ahorcadura, ya que en su cuello se evidenciaba un surco depresivo incompleto y además tenía marcas de un golpe en la región occipital izquierda de la cabeza.
Todas las investigaciones desde aquella ocasión apuntaban a que su exconviviente Galo Hernán Moya, habría sido quien le causó la muerte.
Con posterioridad a la fecha de su asesinato encontramos noticias que indicaban que :
Se desconoce el paradero del agresor, quien es el último de la lista de las diez personas más buscadas en Tungurahua por parte del Ministerio del Interior.
Las imágenes de Marianela nos interpelan como sociedad a siete años de su asesinato haciéndonos que nos cuestionemos si estamos actuando para evitar que crímenes como el de ella se repitan .
Dice la nota de la prensa : "Los celos presumiblemente habrían hecho que Galo Germán Moya asesinara a quien hasta hace un mes era su conviviente, Marianela Rivera Freire, de 36 años".
Nos cuestionamos si desde la escuela, el municipio, la gobernación , la universidad son conscientes de la necesidad de trabajar para que crímenes así no se repitan .
Nos preguntamos si la policía actuó con celeridad a la hora de buscar al asesino y si el sistema judicial ha pretendido hacer justicia y reparar en lo posible los inmensos daños caudados con la muerte de Marianela Isabel .
Desde aquí nuestro abrazo y apoyo a su familia y allegados
Seguiremos trayendo su rostro cual llamado de atención, visibilizando lo espantoso de su asesinato , insistiendo en el necesario compromiso social para cambiar unos valores que parecen hacer entender que unos celos ocasionen un asesinato , sin destripar el abuso de poder y el inmenso machismo que significa ser capaz de matar a una mujer por que no se deja dominar o controlar .
Seguiremos trabajando porque los organismos encargados sean capaces de formar sociedades solidarias e igualitarias , donde a las mujerws se las trate en un plano de total igualdad.
Lucrecia Pérez Matos (15 de diciembre de 1959 - 13 de noviembre de 1992) fue una inmigrante dominicana en Madrid, víctima de racismo y xenofobia, el primero que se reconoció como tal en España.
Quería salir de su ciudad. España era su opción para conseguir una vida que le permitiera mandar dinero a su marido y a su hija y asegurarse de que ésta pudiera estudiar.
No encontró ninguna forma legal de llegar hasta Madrid, por lo que confió todos sus ahorros en alguien que se encargara de gestionar su viaje y sortear todas las trabas que suponía llegar a Madrid.
Desde Vicente Noble a Santo Domingo, pasando por Nueva York, París y Bilbao y desde ahí, por fin Madrid, la gran ciudad en la que confiaba para cambiar su vida. Encontrar trabajo. Era ésta la única manera de evitar unos controles policiales y una deportación inminente en caso de que "la pillaran", tal y como ocurría a diario desde el aeropuerto de Barajas. Sólo perseguía un sueño.
Comenzó a trabajar casi de inmediato como empleada del hogar, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y con la absoluta certeza de que sería despedida al primer fallo. Su empleadora consideró, en un gesto de racismo colonial cotidiano, que no realizaba las tareas como ella quería. Sin trabajo, tuvo que vivir en la calle junto con otras compañeras dominicanas, en las ruinas de una discoteca abandonada. Discoteca Four Roses. El sitio maldito.
Por las tardes se juntaban en la plaza para charlar y compartir, pero ya en las miradas de las vecinas y en la persecución de la policía que le pedía los papeles continuamente seguía latiendo ese racismo que pronto la mataría. Los medios de comunicación hacían el resto del trabajo de generación del enemigo lanzando mensajes amenazantes sobre aquello que ocurría en torno a la comunidad migrante que en ese momento comenzaba a verse por las calles.
Todo estaba listo para lo que vendría después. Primero, los de aquí, defenderse contra la invasión. Tres disparos. Una muerte. Y otra vida más que no importaba.
Pero esta vez, no. Esta vez no iba a ser una más, sin nombre, sin cara. Esta vez era Lucrecia Pérez Matos. Tenía 32 años y apenas llevaba mes y medio en España. Vivía en las ruinas de la Discoteca Four Roses en las afueras de Madrid y allí fue donde murió el 13 de noviembre de 1992 cuando José Luis Merino Pérez, de 25 años, la disparó. Guardia Civil de profesión. Fascista neonazi de ideología. Él y su grupo salieron de la Plaza de los Cubos ese día hacia las ruinas de la Discoteca Four Roses para "darle una lección a los negros".
Para las personas migrantes, esta amenaza no era nada nuevo. Lo llevaban sufriendo desde el primer día que pisaron territorio español. Desde el primer control, a las primeras miradas de desconfianza hasta los gritos e insultos que sufrían por la calle o las trabas que se encontraban para, por ejemplo alquilar una casa o conseguir colegio para sus hijas.
La Ley de Extranjería y otras políticas migratorias que criminalizan y persiguen a las personas migrantes junto con la burorepresión a la que se ven sometidas con cada renovación de los papeles o cada trámite cotidiano que han de hacer no son sino la legitimación institucional de los discursos y actitudes más xenófobas y racistas de la calle.
La sentencia de 4 de julio de 1994 de la sección 6º de la Audiencia Provincial de Madrid lo deja bien claro: Lucrecia Pérez Matos fue asesinada por ser extranjera, negra y pobre.
Tomado del articulo de DIAGONAL
Lucrecia llegó a España buscando un sueño: levantar una casa para su hija Kenia y pagarle una carrera. Ese sueño se hizo realidad, pero tuvo que morir para lograrlo
Los dominicanos nunca habían tenido problemas graves en Aravaca hasta ese 13 de noviembre, pero la zona era un polvorín lleno de pintadas xenófobas. El balazo que recibió Lucrecia fue también un estallido que golpeó las conciencias de la sociedad. Cuando la mataron, los ciudadanos se echaron a la calle en masivas manifestaciones para expresar su indignación; los partidos políticos exigieron que se tomaran medidas contra el racismo y el Gobierno ordenó intensificar la vigilancia contra los grupos radicales, xenófobos y de ideología ultraderechista. Lucrecia Pérez Matos, una mujer de tez morena, pelo rizado, labios gruesos y ojos profundos, dejó de ser una inmigrante más y se convirtió en una mártir.
Ella vivia en Vicente Noble, un pueblo con 21.500 habitantes que ha visto emigrar a España a más de 6.000 personas, situado a 190 kilómetros al suroeste de Santo Domingo (la capital de la República Dominicana).
A la hija de Lucrecia le dieron una indemnización de 20 millones de pesetas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid declarara al Estado responsable civil subsidiario de la muerte de su madre. Con parte de ese dinero, Víctor Trinidad sacó a su hija de la casucha que compartían con otra familia y le construyó un hogar con 'tres aposentos, una sala, cocina, baño y marquesina [una especie de garaje]'. La casa con la que soñaba Lucrecia
Ángela González Carreño no ha tenido ningún tipo de reconocimiento, ni humano ni económico por parte del estado español tras sus múltiples e irreparables errores lo que más alla de homicidio confirma el termino feminicidio que habla de un sustrato de valores que el estado debe enfrentar pues reafirman la desigualdad social , que también se traduce en un comportamiento del aparato judicial que refleja el machismo... Traemos el articulo de Cristina Fallarás que nos cuenta muy bien el martirio de Ángela. Difundan, conciencien. Nuestro silencio nos hace cómplices . Conocí a Ángela González Carreño el martes 2 de febrero de 2016. Hacía entonces casi trece años que su exmarido había asesinado a la hija de ambos de un tiro de revólver.
Nos encontramos en la sede que la organización pro derechos humanos Women’s Link tiene en el centro de Madrid, y le conté que desde que, en 2003, un par de días después del crimen, leí la noticia en los diarios, no había dejado de pensar en ello. Ángela pasó tres años llamando a todas las puertas semanalmente –3 años, cada semana–, alertando de lo que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre. Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.
Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE). Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea.
La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza.
Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre
La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional.
Esta:
Una historia de tortura y asesinato
El 3 de septiembre de 1999, un hombre llamado Felipe Rascón agarró del pelo a su mujer, la derribó contra el suelo de la cocina y le arrimó al vientre un cuchillo jamonero. Se habían casado tres años antes, y tres años tenía en el momento de esa agresión su hija Andrea. No era el primer ataque, tampoco la primera amenaza de muerte: Rascón vigilaba a su esposa, la seguía, la insultaba habitualmente y la maltrataba aludiendo a imaginarios amantes. No era la primera vez, pero la mirada de la cría, su presencia en aquella cocina, fue lo que determinó la huida. Ángela González Carreño agarró a su hija Andrea y salió de la casa familiar de Arroyomolinos para no volver más.
Tres años y siete meses después, el 24 de abril de 2003, en aquel mismo adosado del suroeste dormitorio de Madrid, Rascón agarró un revólver sustraído a su dueño en 1985 y mató a su hija Andrea, mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes, a la salida de una audiencia judicial, se había acercado a la madre para decirle “te quitaré lo que más quieres”.
Entre el momento en que el hombre, armado con un cuchillo, tiró a su mujer al suelo de la cocina y el momento en que ese mismo hombre, armado con un revólver, mató a la hija de ambos, Ángela, la madre, cursó 51 denuncias agobiadas en juzgados y comisarías. Cuando una lee la documentación legal del caso –varios volúmenes de archivadores–, tiene la sensación de que media una voluntad minuciosa, notarial, un obstinado rastro de migas de pan que alguien se empeñó en ir dejando. Ángela sembró de migas el camino de su tortura. Migas desde la huida a cuchillo hasta el momento en el que su exmarido apuntó a la hija de 7 años y le descerrajó un tiro, migas para que alguien pudiera, llegado el caso, entender lo incomprensible. 51 denuncias.
Pero siempre hay un pájaro que se come las migas, incluso una bandada.
En el caso de Ángela, los pájaros aparecieron definitivamente el 6 de mayo de 2002. Llevaba dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso de Rascón, su exmarido –insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes– cuando la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero decidió que no existían razones para que el padre no estuviera a solas con su hija.
Tres días después, Ángela recurrió la decisión de la jueza aludiendo al “interés superior del menor”, pero el 17 de junio el juzgado repitió su sentencia. De nada sirvió el informe del Centro de Servicios Sociales vigilante del régimen de visitas, donde se alertaba de que la niña no quería pasar más horas con su padre y recomendaba no dejarla a solas con él, sin vigilancia. De nada sirvió el escrito del fiscal en el mismo sentido.
El 8 de enero de 2003, tres meses antes de que mataran a su hija, Ángela presentó ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la niña, que la cría no quería estar con su padre, que la violentaba con insultos a la madre. Ese mismo 8 de enero, los Servicios Sociales encargados del caso presentaron un informe en el que aconsejaban no permitir que padre e hija se encontraran sin vigilancia, ya que él usaba a la cría para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que “confundían” a Andrea. No fue el único informe.
Tres meses antes de que mataran a su hija, Ángela presentó ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la niña, que no quería estar con su padre
Una semana antes del asesinato, la trabajadora social que supervisaba las visitas entre Felipe Rascón y su hija emitió un escrito en el que detallaba “varias incidencias” alarmantes sucedidas entre los días 9 de enero y 3 de abril de 2003. En todas ellas alude al uso de la hija para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.
El jueves 24 de abril de 2003, por la mañana, Ángela González Carreño y su exmarido, Felipe Rascón Calderón, se encontraron en una vista oral relativa al derecho de uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acercó a ella y le advirtió de que le iba a quitar lo que ella más quería. Pocas horas después, obedeciendo las órdenes del juzgado, Ángela llevó a su hija Andrea al Centro de Servicios Sociales, donde la recogió su padre.
A las 20.00, como cada jueves, volvió a recogerla. Ante la tardanza de padre e hija, acudió a la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Fueron ellos quienes entraron en el adosado de Arroyomolinos, por la puerta de atrás. En el salón, donde la televisión permanecía encendida, encontraron tres cadáveres: el de una perra, el de Andrea, 7 años, y el de Felipe Rascón, su padre, aún con el revólver en la mano.
Violencia tras el asesinato
Cuatro días después del crimen, el 28 de abril de 2003, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, envió sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al ministro de Justicia. Al CGPJ le solicitaba una investigación para esclarecer las responsabilidades que suponía la presumible negligencia judicial, y un expediente disciplinario para la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero. Al ministro de Justicia le solicitaba una audiencia para exponer las deficiencias del funcionamiento de los servicios psicosociales de la Administración en casos como el de Ángela. Asimismo, solicitaba una investigación sobre lo sucedido.
El ministro de Justicia entonces era José María Michavila (PP), y el del CGPJ, Francisco José Hernando Santiago.
Tras poco más de dos meses, el 9 de julio, el Magistrado Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario del CGPJ respondió que, tras revisar la actuación del Juzgado de Navalcarnero, no apreciaba ninguna actuación que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso.
Resulta imprescindible repasar la historia de Ángela fecha a fecha, solo las muy señaladas. Se necesitaría un centenar de páginas para hacer constar todas y cada una de sus denuncias, todos y cada uno de los rechazos institucionales recibidos, todos y cada unos de sus desgarros.
Tras revisar la actuación del Juzgado de Navalcarnero, el CGPJ no apreciaba ninguna actuación que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso
El 2 de enero de 2004, el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero declaró “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Inmediatamente, Ángela recurrió dicha decisión, que fue desestimada. También lo fue la presentada ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolución contra la que no cabía ya recurso.
En 23 de abril de 2004, a falta de un día para que se cumpliera un año del asesinato, Ángela González Carreño arrancó su particular pelea con la Administración pública española, una lucha sin cuartel ni victorias que llega hasta hoy. En esa fecha, de la mano de la abogada Ana María Ruiz Tagle, inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia español. Defendía y defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea. Defendía y defiende que el Estado “primó el derecho de Rascón a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de la menor”.
Año y medio más tarde, el 3 de noviembre de 2005, el Ministerio de Justicia resolvió desestimar su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Aseguraba que Ángela debía haber solicitado una indemnización por error judicial, pero que para ello estaba fuera de plazo. Ángela recurrió y el 22 de enero de 2007 el mismo ministerio volvió a desestimar su queja.
Al rechazo del Ministerio de Justicia, siguieron el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda. A todos ellos Ángela les pedía solo una cosa: que admitieran la responsabilidad de la Justicia española en el asesinato de su hija. Ninguno de ellos aceptó sus razones, por lo que ya no le quedaron instancias nacionales a las que acudir.
La ONU condena a España
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW en sus siglas en inglés) es un tratado internacional de la ONU firmado en 1979. Está firmado y ratificado por España.
En septiembre de 2012, agotadas todas las vías en su país, Ángela González Carreño y la organización internacional Women’s Link presentaron el caso ante la CEDAW, que en julio de 2014 emitió un dictamen que afirmaba que “el Estado [español] ha infringido los derechos de la autora [González Carreño] y su hija fallecida”. Asimismo, conminaba al Estado a “otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la conculcación de sus derechos”. Por otra parte, indicaba que se debía “llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial” sobre lo sucedido.
Nada de eso se hizo.
Las últimas resoluciones sobre el caso datan del año pasado, trece años después del asesinato de la niña Andrea Rascón González, y son sendas sentencias de la Audiencia Nacional. En ambas (25 de abril y 2 de noviembre de 2016), se insiste en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española entre septiembre de 1999 –fecha en la que Ángela y su hija huyen– y abril de 2003 –fecha del asesinato– fueron correctos. Por lo tanto, el hecho de desatender las 51 denuncias de la madre y los informes de los Servicios Sociales, así como no tener en cuenta el interés superior de la menor también entraba dentro de la normalidad.
En la última sentencia, que data de hace apenas 7 meses, se pueden leer afirmaciones como las que siguen:
“La recurrente presentó un escrito de alegaciones el 7 de enero de 2003 en el que se opuso a pasar a ese nuevo régimen [el de las visitas paternas sin vigilancia] y denunciaba la falta de apego de la pensión de alimentos, pero no se desprendían de su escrito que se opusiese al régimen de visitas existente o advirtiese riesgo para la vida de la menor”. En la fecha a la que hace referencia la Audiencia Nacional, ese enero de 2003, Ángela González Carreño y sus abogados ya habían presentado al menos 45 denuncias por acoso y maltrato a la madre y a la hija, alertando del peligro que supondría dejar a la niña a solas con el padre.
“Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.
“Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”
“…Tras un constante seguimiento del régimen de visitas e informes psicológicos de los padres y de la menor, con intervención del Ministerio Fiscal a lo largo de las actuaciones y con constantes escritos de alegaciones de los progenitores, y permanentes informes de seguimiento emitidos por los servicios sociales, resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado con su hija, sin que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía [las visitas sin vigilancia] implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor, por lo que el posterior asesinato de ésta a manos de su progenitor no aparece conectado con funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores, de modo que no se aprecia la existencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado.”
Si el Estado acatara
Muy otro es el punto de vista de Teresa Fernández Paredes, abogada de Women’s Link al frente del caso. “Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del Estado, que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, afirma.
Fernández Paredes critica duramente el caso omiso que España hace a las recomendaciones de la CEDAW sobre violencia machista. “Si el Estado acatara las recomendaciones del Comité CEDAW, las mujeres supervivientes de violencia de género no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores”. Y añade: “El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”.
“Si el Estado español firma y ratifica tratados internacionales que lo comprometen a proteger y a garantizar derechos, luego no puede pretender que estos tratados no van a tener ningún efecto en las instituciones españolas. O simplemente, ¿se firman para quedar bien ante la comunidad internacional?”, concluye la abogada.
Ángela
Ángela González Carreño responde al teléfono el jueves 1 de junio. El fin de semana anterior, tres hombres asesinaron a “sus” mujeres.
–Este fin de semana han matado a tres mujeres y no ha sido capaz nadie del Gobierno de comparecer. Pero de este y de ninguno. No veo que el resto de partidos políticos haga presión alguna. Estoy indignadísima. No entiendo cómo puede haber 2.500 efectivos en un partido de fútbol para prevenir incidentes y que no haya para las mujeres que han denunciado que las van a matar.
–¿Y qué se puede hacer?
–No lo sé. Lo único que yo podía hacer era recurrir a la justicia y creer en ella, pensando que iba a estar de mi lado reconociendo lo evidente: lo que me estaba pasando. ¡Puse 51 denuncias! Y no hubo ni reconocimiento antes ni después. Y es que no interesa… Los asesinatos por violencia machista no interesan al Gobierno. Es más, cuando matan a una mujer o a una criatura no le dan importancia ninguna.
– ¿El Gobierno no responde?
–El Gobierno sí responde, pero con negativas. Negando lo evidente: que son responsables.
–Usted ha vivido el mayor desamparo por parte de la Administración.
–Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relación no sólo en lo que rodea a las mujeres sino también a las criaturas. Mira lo que está pasando con los niños. Sigue prevaleciendo el interés de un padre maltratador a la protección de un niño, porque es invisible, no se escucha a los niños. Es indignante que no se escuche lo que sufren.
Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relación no sólo en lo que rodea a las mujeres sino también a las criaturas
–¿Existe la suficiente presión en la calle?
–Yo he dejado de ir al “minuto de silencio” porque no vale de nada. ¿Qué se ve ahí? ¿A cuántas personas? ¿Quince con una pancarta frente a la sensación de “mira estas locas”? Esto no sirve para nada. Necesitamos más. Que se involucre el Gobierno, que adopte medidas… Que se lleve a cabo lo que estableció la ley de 2004. Ahí se contempla que no se puede entregar un niño a un padre maltratador. No debería dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas… Debe ser una imposición por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideología y ve las cosas a su manera.
–Después de lo vivido y tras años de pelea, ¿qué pasos cree que se debe dar?
–Para empezar, muy fácil: protección a las víctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si está el maltratador, si la sigue… ¿Por qué el resto de asesinos sale en televisión y un asesino por violencia de género sale con el rostro oculto? Va a estar en la cárcel 5 o 7 años, y cuando salga lo volverá a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de género con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras víctimas.
–Cada vez es más evidente el uso de los hijos para agredir a las madres.
–Con respecto a los hijos, muchos tienen una fachada de buenos padres –“se la ha llevado, le ha comprado esto o lo otro…”– cuando en realidad está machacando a esa criatura por detrás para maltratar a la mujer. Y el hijo lo ve, no es tonto. Se dio cuenta mi hija, y se da cuenta el resto de los hijos. El Gobierno, la gente… Yo no sé si se dan cuenta. Lo que quieren es hacer el mayor daño posible a la mujer que les ha abandonado. Y ese daño son los hijos, por supuesto. Por eso no hay que entregárselos, no sé, no sé por dónde empezar…
–¿Dónde cree usted que están las responsabilidades?
–Hay muchos responsables cuando un juez permite las visitas de un padre maltratador. Empezando por los servicios sociales, que no deberían consentir los puntos de encuentro cuando tienen informes de que existen denuncias. Luego, además, los informes que realizan las trabajadoras sociales no valen para nada. No involucran nada. Ese fue mi caso. Como los informes psicológicos. Cuando suceden estas cosas, lo primero es un psicólogo para el papá, la mamá y el hijo. Tampoco valen para nada. No se mojan.
–Las denuncias a usted no le sirvieron para nada.
–Hay que ver la evidencia cuando hay denuncias, cuando se ven los malos tratos, es que no hay más. Pérdida de custodia totalmente. Es la única manera de empezar a evitar, de entrada, la muerte de los hijos. Las de las mujeres, pues bueno, aprender a vivir con el miedo. El hecho de que no haya protección, que no manden a estos delincuentes fuera de la provincia donde vive su mujer… Es que no hay manera, porque aunque lo mandes lejos, la orden de alejamiento no vale para nada. Debería estar controlado de alguna manera, informando incluso a sus empresas. La mujer tiene todas las de perder. Pierden su trabajo, su vida, sus amigos porque viven en auténtico pánico. El maltratador sigue libre, en su trabajo no saben nada, siguen pensando que es una persona muy responsable con sus hijos y que la mala es la mujer, etc. etc. Hay que cambiar la forma de pensar: es el maltratador quien debe sufrir, no la víctima. Me indigno, me indigno, me indigna que no se dé la visibilidad suficiente para que este problema nos afecte a todos. Repetirlo todas las semanas, no medio minuto. Sólo sirve para ir sumando un número más y a final de año hablen de un porcentaje en relación al anterior. Y en enero, contador a cero. Las víctimas de ETA las siguieron sumando, les hicieron estatuas, plazas, jardines, eventos, manifestaciones, conmemoraciones… Y a las asesinadas por violencia de género, nada.
–A usted, la ONU le dio la razón.
–El día que me dio la razón la ONU fue un día feliz y, de alguna manera, me devolvió la esperanza. Pensé que finalmente alguien había leído mi caso y recuperaría mi dignidad, pero me sirvió de poco. En cuanto vi la respuesta del Gobierno se me vino el mundo abajo. Que a mí no me restituyan es un acto de violencia institucional. Y es un problema social y parece que cuantas más asesinadas hay, más crece la violencia de género. Porque el resto de los hombres que son violentos piensan en primer lugar que la mujer se merece que la maten. Lo primero que hay que pedir a los políticos es que estos asesinatos sean visibles, que se recuerden, que se nombren.
Nos partió el alma el feminicidio de esta joven mujer que estaba intentando abrirse camino en la vida con un pequeño negocio. La relación que mantuvo con su asesino duro 3 meses y finalizó, nos cuentan, en septiembre. Queremos que casos así nunca se repitan . Queremos que todas y todos seamos cómplices para evitar tanto dolor. Si estas en Chile y eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia al 149 de Carabineros o recibe orientación en el 800 104 008 del Sernameg
La colombiana Mónica Alexandra Huertas Araya , de 36 años, fue encontrada muerta el 3 de octubre de 2017 en su apartamento, en Santiago de Chile, según informó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Su expareja, José Miguel Ilabaca, de 26 años y chileno de nacimiento, la apuñaló y se suicidó posteriormente.
Una fuente allegada a Huertas, que pidió reserva de su identidad, le informó a la Agencia Anadolu que Ilabaca llegó al domicilio de la víctima y logró entrar al anunciarse como un mensajero.
Al interior de la vivienda sostuvieron una fuerte discusión, tras la cual el hombre acuchilló a la mujer en repetidas ocasiones, causándole la muerte, y luego se suicidó saltando por el balcón.
Los carabineros de Chile llegaron al lugar después de que los vecinos llamaron para avisar que había gritos en la residencia; allí encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.
El canal local 24 Horas informó que el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, afirmó que en el ataque “hubo ensañamiento por parte del hombre”, quien “procedió a atacarla con utensilios de cocina, como sartenes, ollas y una juguera”. Los peritos de la PDI están a cargo de la investigación judicial y forense.
Huertas e Ilabaca se conocieron porque pertenecían a una comunidad de emprendedores llamada “Haciéndolo juntos”, donde se ofrece apoyo a personas que están creando una empresa. Allí se hicieron amigos hace tres meses.
“Todo pasó muy rápido, al poco tiempo ya estaban saliendo juntos. El tipo se obsesionó por Mónica, creó un canal de Youtube para dedicarle canciones y se tatuó el logo del emprendimiento de ella. Hace como un mes, cuando fueron las fiestas patrias, el 19 de septiembre, Mónica le pidió al tipo que no la volviera a molestar”, declaró la fuente.
A pesar de la advertencia, el acoso se volvió cada vez más frecuente, hasta el punto de que Ilabaca tenía prohibido acercarse al edificio donde residía la víctima, informó el canal 24 Horas.
Huertas llevaba ocho años en Chile y hace dos semanas le habían concedido la ciudadanía chilena. La mujer se había graduado de ingeniería mecánica de la Universidad Santo Tomás de Colombia, estaba estudiando en Chile una diplomatura en emprendimiento en la Universidad del Desarrollo, y se dedicaba al diseño y venta de artículos de decoración. Era dueña de un negocio llamado Mis Cachivaches.
José Miguel Ilabaca era fundador y propietario de una tienda online especializada para fanáticos de los videojuegos.
Sorprendentemente según la legislación chilena no se trata de un FEMINICIDIO por que la víctima y el asesino no habían vivido juntos.
Intisar al Hasairi era una conocida bloguera y activista pro derechos civiles libia. Era una de las caras más conocidas de la organización Ilustración, que se centraba en la difusión de la educación, la música y el arte.
El grupo había organizado en 2013 la primera feria de libros de segunda mano,
Muy activa en las redes sociales y tenia cerca de 10.000 seguidores en Facebook
En la mañana del 24 de febrero de 2015, Intissar Al Hasairi y su tía fueron descubiertos en el maletero del coche de la defensora de los derechos humanos en Trípoli por las fuerzas de seguridad, habían sido supuestamente disparadas por miembros de un grupo armado.
Los cuerpos fueron encontrados cuando el coche aparcado fue denunciado a las autoridades de seguridad. La defensora de los derechos humanos estaba desaparecida desde la noche anterior.
Al-Hasairi fue co-fundadora del Movimiento Tanweer, un grupo que promueve la paz y la cultura en Libia. Ella participó en las protestas pro-democracia en el país.
Bushra, mujer activista, que trabajó junto a Intisar quedó en estado de shock después de la audición de la noticia de la muerte de su colega y activistas los derechos humanos "Yo estaba distraído cuando alguien inadvertidamente soltó las noticia, no sabían que yo la conocía "
"Irónico, yo fui a participar en un taller de medios de comunicación y en el momento en que alguien mencionó el nombre del Intisar. Pregunte :¿Qué pasa con ella? Ella fue asesinada hoy, me dijeron. Me rompí inmediatamente, yo era inconsolable ''.
''Intisar respetaba las diferencias. Se abría a nuevas ideas y personas. Ella trataba a la gente como seres humanos".
"No se sabe por qué alguien puede querer que ella muriera. No había tenido un alto perfil político. Ella era famosa por la feria que organizó. La única cosa que puedo pensar sobre su asesinato, es que ella no llevaba pañuelo, ella se movía sin pañuelo en su cabeza , especula Bushra.
"Habíamos trabajado por meses en varios temas de las mujeres, varios casos con organizaciones internacionales, incluyendo el ICC. Habíamos trabajado en temas sensibles en Libia tales como encarcelamientos, torturas y violaciones. Estas son temas sensibles de tratar en la sociedad de Libia. No fue fácil. Hubo renuencia a hablar al principio. Estábamos procesando los archivos de decenas de casos de infracciones durante la revolución de 2011 .
Pero como dije estos casos no eran publicitados. Se trabajaban en silencio en confianza, por lo que ningún extraño conocía los detalles. Así que no creo que (su asesinato) tuviera nada que ver con nuestro trabajo sobre las violaciones de los derechos humanos.
"Le debo a ella el continuar trabajando en estos casos. Estoy determinada a hacerlo ... en su memoria ", concluyó Bushra.
Según se informa, las milicias islámicas en Libia mantienen una lista de negra con los defensores de derechos humanos. El 20 de septiembre de 2014, hombres armados no identificados asesinaron a los defensores de derechos humanos y de los menores Tawfik Bensaud y Sami ElKawafi mientras conducían cerca de Al-Kish en Bengasi. Tres meses antes, el 26 de junio de 2014, la abogada de derechos humanos Salwa Bugaighis fue muerta a tiros en su casa en Bengasi por un grupo de hombres no identificados vestidos con uniformes militares y la congresista por Derna. Fariha Al-Berkawi fue asesinada el 17 de Julio de 2014.
Condenamos enérgicamente el asesinato de Al Intisar Hasairi y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en Libia y en el mundo .
Instamos a todos los actores relevantes en Libia para garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores de derechos humanos en el país sean capaces de realizar sus actividades libres de toda restricción sin temor a represalias
El Consejo del Poder Judicial informó de “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" que ha costado dos vidas. Esperamos que los estamentos de justicia competentes, en el juicio que tienen ahora entre manos, sean conscientes, y los abogados defensores del asesino respeten la dignidad que como personas madre e hija merecen. Es demasiado frecuente el denigrar, menospreciar, criticar y cuestionar los comportamientos de las víctimas de feminicidio, termino que refleja la responsabilidad no solo del asesino, sino también de toda la sociedad machista y patriarcal que no protege y degrada injustamente a las mujeres. Igual pedido hacemos a los medios de comunicación, que parecen solo pendientes de vender ejemplares sensacionalistas.
El Consejo del Poder Judicial ha analizado una denuncia de la abuela de Argelys. El órgano de gobierno de los jueces ha concluido que la “administración de justicia” ha fallado ante el auxilio pedido por la abuela. Parte de que el juzgado debió realizar más gestiones para localizar a la denunciante dada la gravedad de los hechos que se exponían, y mostrar aun mas interés teniendo en cuenta la fragilidad de la denunciante a juzgar por su propia dificultad para redactar la denuncia. El Consejo ha informado al Ministerio de Justicia que se ha producido “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, que debe ser indemnizado.
Adolfina Puello de 32 años y su hija, Argelys, de 9, son dos nombres que se suman a las víctimas mortales por violencia de género que estaban desaparecidas desde de 29 de junio de 2014. A ellas correspondieron los cadáveres encontrados en un pozo de una finca de la localidad zamorana de San Vicente de la Cabeza, en la comarca de Aliste, El novio de Adolfina , Raúl Álvarez, está detenido como autor del doble crimen.
El juicio contra este doble asesino confeso (tras marear a la policía durante cinco meses finalmente, acorralado por las pruebas, accedió a indicar a la policía el lugar donde había ocultado sendos cadáveres), se esta celebrando desde el 13 de febrero en la Audiencia de Madrid
La abuela y nuera de las dominicanas asesinadas denunció a la Justicia y a la Policía por negligencia y por racismo .Su presentimiento se había cumplido
La abuela de la niña, Leonarda Sánchez, habia anunciado que denunciará a la Justicia y a la Policía por negligencia y racismo al no haber tenido en cuenta las denuncias que ella misma interpuso contra el presunto agresor y que, según ha asegurado, habrían evitado la muerte de ambas.
Adolfina y Argelys desaparecieron el 29 de junio. Ese día, la pequeña iba a regresar a la República Dominicana para vivir a partir de entonces con su abuela materna, ya que su madre la quería separar del clima de violencia que imponía el novio de ésta. Los tres vivían en el número 10 de la calle Sancho Panza desde hacía tres años y la niña estaba aterrorizada. En el aeropuerto de Santo Domingo debían recogerla otros familiares. Pero la menor nunca llegó a subir al avión.
Avisada de lo ocurrido, al día siguiente la abuela paterna, Leonarda, que vive en Madrid, llamó a Adolfina. No contestó. Decidió entonces presentar una denuncia ante la Policía por su desparación, en la comisaría de Puente de Vallecas. Desde el primer momento Leonarda advirtió de que el sospechoso era el novio de su nuera, y explicó además que ya lo había denunciado a la Policía dos veces, al parecer en la Comisaría de Arganzuela, la primera el 16 de enero. Aquel día lo acusó de malos tratos después de que su nieta le contara que Raúl le pegaba; ahora se lamenta porque, según dice, nadie hizo nada. Cuando el sospechoso supo que le había sido denunciado, la amenazó con «cortarle el cuello».
Los agentes de Puente de Vallecas y la UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial se hicieron cargo de las investigaciones, que lógicamente se centraron en Raúl. En la vivienda de la calle Sancho Panza se encontró la maleta de la niña, con la ropa perfectamente doblada dentro...
La abuela Leonarda sufría por su nieta, que vivía con mucho miedo aunque no lo dijera; ella era la única conexión con su hijo y padre de la menor, que había muerto hace años en un atraco en su país. A raíz de ese suceso, madre e hija viajaron a España. En cambio, casi no tenía relación con la nuera.
Cuando los investigadores comprobaron que tampoco la madre había acudido el 30 de junio a su puesto de trabajo, se entrevistaron varias veces con Raúl y comenzaron a comprobar su versión. En su relato había lagunas, contradicciones y, sobre todo, por los posicionamientos de los teléfonos móviles sabían que dos días después de la desaparición había viajado a San Vicente de la Cabeza.
Los agentes de la UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial decidieron detenerlo. Tras admitir que cometió los crímenes y asegurar que había arrojado los cuerpos en una alcantarilla de un parque de la Dehesa de la Villa, en Madrid, se echó para atrás y negó cualquier relación con la desaparición de su novia y de la hija de ésta. Se le intervino su teléfono móvil y el de su novia, que además había llegado a utilizar.
No creas tener derechos escribía el Colectivo de la Librería de Mujeres de Milán. A Yolanda el derecho a la vida le fue truncado y es que nos queda mucho camino por recorrer hasta la igualdad de derechos.
Yolanda Pascual era periodista de El Mundo y El Correo de Burgos. Tenia 50 años
Nos produce tanto dolor conocer estas realidades que nos dejan sin las palabras con las que cada día queremos visibilizar que el machismo debe terminar .
En nuestra mente esta el castigo que el padre ha infringido a la hija de Yolanda condenándola a vivir sin madre y con la constancia de un padre asesino. Esta realidad no da una medida del nivel de odio a las mujeres que este acto significa .
Dejamos hablar a Yolanda y pedimos un compromiso real para acabar con el patriarcado.
La crónica de la manifestación del 7 de noviembre de 2015,cuya nueva convocatoria estamos difundiendo, adquiere una tremenda dimensión al ser la escrita por Yolanda Pascual periodista asesinada por su exmarido el día 3 de noviembre de 2016
De color violeta
08/11/2015
MÁS DE 100.000 personas, convirtieron ayer el centro de Madrid en color violeta y entonaron un grito unísono contra la violencia machista. Un color y un clamor que quiere ser una cuestión de Estado. Y no es para menos. En la última década, 1.378 mujeres han sido asesinadas por lo que hoy hemos denominado ‘terrorismo machista’, y este verano 37 mujeres y 8 menores han encontrado la muerte a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres.
No podemos mirar a otro lado ante una lacra que cada año deja un reguero de violencia y tristeza. Cien mil personas acudieron a una marcha contra la violencia machista, que las redes sociales convirtieron este grito contra el maltrato en ‘Trending topic’. Hubiera deseado que esta macro manifestación en Madrid no se hubiera celebrado. Sería un claro mensaje de que la violencia machista está erradicada como se hace con las enfermedades. Lo que ocurre es que no hay vacuna para ello porque este tipo de violencia está inoculado en el ser que la lleva a cabo. Forma parte de su ADN y de sus neuronas.
Hay medicamentos paliativos para ello y el primero que se suministre debe ser la Educación. Y quizá ahí es donde estamos fallando todos. Desde el lenguaje, la discriminación en los juegos, en las tareas del hogar, en la escuela… En un país en el que hasta no hace tanto la mujer dependía del padre hasta depender del marido; en un país en donde la mujer, de media, cobra menos que el hombre o no tiene el mismo acceso a los altos cargos en muchos casos porque la empresa considera que el género femenino tiene cargas familiares que no le permitirían dar el 100%… Es muy difícil revertir tantos años de educación machista.
Algo hemos avanzado, pero aún un porcentaje de jóvenes -de ambos sexos- consideran que obligar a sus parejas a tener sexo no es delito ni maltrato y darían segundas oportunidades a su supuesto maltratador. No llegan a identificar como violencia un insulto, una crítica en el modo de vestir o controlar el móvil de la pareja. Y siguen viendo los celos como una prueba de amor. Educación desde el primer suspiro de vida.
Y la segunda vacuna es la prevención y atención. Debemos tener recursos necesarios para que una mujer denuncie y no se eche atrás por miedo porque se quede sola. Atender y prevenir posibles consecuencias y actuar antes de que se tenga que lamentar otra muerte más.
Y todos debemos ser conscientes de que un insulto como ‘estúpida’; un desprecio como ‘tú que sabes’ o ‘no vales para nada’; o golpes en muebles para amedrentar al contrario, son también maltrato y, en casi todos los casos, el primer paso para que se produzca la violencia física.
Educación para poder detectar desde el minuto cero el maltrato; atención y prevención de la sociedad y de los poderes públicos. Esas son las vacunas y quizá así, un día no convoquemos macro manifestaciones.
Elizabeth Crespo Tarifa tenía un firme compromiso con la vida, sus amistades la recuerdan como una persona “siempre alegre, con mucho optimismo y emprendedora de sueños y desafíos”.
Psicóloga de profesión, desde hacia varios años dirigía la Fundación Colectivo para el Envejecimiento Activo. Pensaba que la gente debía vivir hasta bien entrados sus años en condiciones de plenitud y ejerciendo todos sus derechos, por eso consagraba su labor profesional a la defensa de las personas adultas mayores.
Unos días antes que Carlos Jara, su exnovio, segara su vida, participó en el III Foro de Desarrollo Humano y Social, en la ciudad de La Paz, con una ponencia sobre el cuidado integral al adulto mayor.
“Tenías una noble labor y un gran corazón para desarrollar actividades en beneficio de la población adulta mayor; eras aquella persona disciplinada y altruista que siempre regalaba una sonrisa a quien más lo necesitaba…”, recuerdan sus colegas del Instituto de Investigaciones Sociológicas, IDIS – UMSA, donde aportó para investigar acerca de varios tópicos, entre otros, sobre parejas violentas.
Era una activista por los derechos humanos y consagró sus últimos años de vida a la lucha contra la violencia de género y generacional. Paradojas de la vida, murió víctima de la violencia que siempre combatió.
Era parte del colectivo CISTAC y del Consorcio Boliviano Cuerpo Ciudadanía, que desde una perspectiva multidisciplinaria reflexiona sobre la temática de género y masculinidades. En ese ámbito, Elizabeth Crespo contribuyó al análisis de los discursos normativos sobre el género y la sexualidad, respecto a las representaciones culturales y a los discursos hegemónicos sobre las masculinidades y la violencia machista.
“Siempre te recordaremos y mantendremos la causa que nos inculcaste”, reza el mensaje de ese colectivo en el que compartió su causa por una vida libre de violencia.
Eli, como la conocían en su círculo de amistades, tenía una hija y disfrutaba de la compañía de su madre a quien tomaba como referente a la hora de enarbolar los derechos de las personas adultas mayores. Era una emprendedora, además de ejercer como psicóloga, dirigía una exitosa empresa de transporte que heredó de su padre, en la ciudad de El Alto.
Elizabeth Crespo (50) y José Altuzarra Bellot(49) fueron asesinados a poco de participar en la entrada folklórica de la UMSA.
Luz Mendoza
La madrugada del domingo (31 de julio de 2016) Carlos Eduardo J. ingresó a la casa de Crespo por una ventana y le disparó a ella y a su pareja, Altuzarra. Ambos perdieron la vida en el acto. El acusado regresó a su casa y avisó a su hermano de lo que sucedió, y éste fue quien dio parte a la Policía.
Los efectivos de la fuerza anticrimen llegaron hasta su domicilio. Carlos Eduardo J. En su casa encontraron dos armas de fuego, un revólver calibre 22 y una escopeta
Repudiamos titulares y comentarios de prensa que hablan de triángulos amorosos o asesinatos pasionales. Este acto es un feminicidio con dos víctimas .
Tomamos la energía de nuestra compañera Eli para seguir en el trabajo consciente y continuo por la igualdad y por que nadie quiera imponer su voluntad llegando a actuar en modo que perjudica a toda la sociedad
Traemos a Mónica Briones Puccio (8 de julio de 1950-9 de julio de 1984 ) en el 31 aniversario de su asesinato que no ha encontrado aún justicia. Ella abrió un camino que parecía simple, que pedía el derecho de ser como era y pagó por ello el más alto precio. El siguiente articulo nos cuenta de su vida:
Mónica Briones Puccio: el otro caso Zamudio
Han sido 30 años de encontradas versiones sobre lo que motivó el trágico crimen en la calle de una lesbiana que se asumió públicamente en la década de los 70 y 80. Su caso, el que fue cerrado por la justicia sin encontrar culpables hace más de una década.
“Dios mío, ¿por qué de esta manera?”, alcanzó a musitar Cristina Briones cuando terminó de examinar el cuerpo de su hermana mayor que yacía en el Servicio Médico Legal. No era su hermana. Al menos, en ese momento le costaba reconocerla. La recordaba muy atractiva, de grandes ojos claros, tez blanca, de amplia sonrisa. Lo que yacía ahí era un “guiñapo” como escribió Pedro Lemebel en una de sus tantas crónicas en la que recuerda a la artista. Tenía rostro lozano, “afrancesado” decían algunas, “de bonitas facciones” dicen otras que la conocieron en fiestas, exposiciones, en la calle, por el Parque Forestal cuando vendía sus pinturas vestida de negro y pelo muy corto, “a lo Mía Farrow”, dicen.
Nadie pudo ayudarla esa noche del 9 de julio de 1984 cuando tuvo que enfrentar una muerte trágica, horrenda, con el típico ensañamiento hacia quienes asumen públicamente su sexualidad, más en esos años de conservadurismo exacerbado, de dictadura, de añorado hippismo y amor libre.
Mónica Angélica Briones Puccio fue asesinada un día después de su cumpleaños número 34. Un desconocido “con pinta de nazi”, como consta en las declaraciones, la asesinaron hace 30 años en pleno centro de Santiago a punta de patadas y golpes que le destrozaron el cráneo. Quería celebrar en grande su cumpleaños y para eso, se reunió con una amiga y unos amigos gays a brindar por ello. Ese fin de semana en Santiago, arreciaba uno de los tantos y recordados temporales ochenteros, esos que desbordaban el río Mapocho y donde aparecían muchos cuerpos en la calle producto de la lluvia o de automovilistas que se daban a la fuga.
Pese a las condiciones climáticas, Mónica salió a celebrar. Primero se dirigió a la casa de su amiga Gloria del Villar Gajardo, una mujer heredera del hippismo setentero con dos hijos que vivía en una casa en Vitacura. De ahí, se reunirían con dos amigos más quienes eran dueños de la mítica discoteque “Atlantis”, un centro nocturno para homosexuales que se encontraba en calle Merced. Todos irían a comer a “Los Chinos” para después terminar en el centro nocturno. Pero algo ocurrió que Mónica y Gloria decidieran, en la madrugada del 9 de julio, separarse de ellos y dirigirse al desaparecido bar Jaque Matte ubicado en la Alameda con calle Irene Morales. Esa decisión sigue siendo un enigma hasta hoy.
Cristina recuerda que hubo filas interminables de personas de diferentes clases sociales que asistieron al funeral de su hermana en una iglesia de avenida Manuel Montt. Pese a que no escondía su lesbianismo, -“su vida se volcó a eso”, comentaba un amigo cercano a ella – tuvo que mentir en varias oportunidades para proteger a su familia y tampoco temía reclamar ante la indiferencia del mundo artístico que nunca tomó en cuenta sus obras. Muchas veces salió a la calle a pintar, se la veía en parques, en las avenidas, en las comunas, quería que su arte fuera callejero, ciudadano, público, que llegara a las masas, que se apreciara. A los 19 años, ganó un record al pintar durante 72 horas seguidas sentada en su banca e instalando sus atriles en el cerro Santa Lucia. “Vivo de manera muy acelerada”, declaró al diario “La Nación” de la época que la entrevistó por el record que logró.
“Fue a los 15 años. Después de esa edad, la Mónica no fue la misma. Ella era una joven tranquila, de su casa, pero se le ocurrió comenzar a consumir drogas muy fuertes como LSD, anfetaminas y alcohol y nuestra madre no encontró nada mejor que internarla en un psiquiátrico por los efectos. ¡Gran error! De ahí, la Mónica nunca más fue la misma”.
Cristina Briones repite que era buena hermana, que la cuidaba a ella, a su madre y a su abuela. Eran cuatro mujeres. Su madre, Adriana Puccio se dedicaba a la peluquería, mientras su abuela, Olga Moreira- actriz retirada y prima de la consagrada Yoya Mártinez-, confeccionaba muñecas de trapo. Vivían humildemente. Al padre, Manuel, artesano de lámparas, poco lo veían. Hace años se había separado de su madre.
Mónica intentó abandonar el alcohol en incontables oportunidades, a veces lo conseguía. Su hermana parece estar convencida que así de adelantada para la época fueron las cosas para Mónica. “Es que la Mónica se liberó después de ese episodio del psiquiátrico y lo asumió sin complejos. Antes este tema de la homosexualidad no se hablaba, no es como hoy que salen en la tele, en los diarios. Es mucho más aceptado, mucho más normal. Mi madre nunca lo aceptó, a mí también me costó entenderlo”.
Estudio en la Escuela de Arte Experimental de la Universidad de Chile, tuvo de profesor a Nemesio Antunez entre otros consagrados del circuito de las artes. Hoy, pocos se acuerdan de ella, más allá de las anécdotas. Sus arrancadas más recordadas eran sus vacaciones en Caleta de Horcón. La playa de los hippies de los 70 y de los artesanos de los 80. Mónica, quien no quería olvidarse de esa época de oro, iba a veranear todos los años a ese balneario y pese a que no tenía casa, podía incluso hasta dormir en la playa y al alero de los pescadores en sus lanchas. Todo el balneario de Horcón la conoció, incluso hoy algunos lugareños la recuerdan.
Uno de los tantos artesanos que la conoció se llama Gregorio Trincado y actualmente atiende en un local de artesanía del balneario. Sin querer desapegarse de esa época de oro de los 70, se refiere a Mónica como “la paloma que le gustaban las palomitas”.
Trincado también recuerda que un poco antes de que la asesinaran, ella le confidenció que mantenía una querella en contra del dueño del denominado “Gloria” que hoy es un almacén de abarrotes. Al comerciante dueño del local le decían “El Carolo”. “Él la atacó una vez, la echó del local por desordenada y la golpeó fuerte sobre una pared. Según contó la Mónica ella le interpuso una demanda”.
“Pelusa” Avendaño pololeó con ella durante cinco meses en esos años. “Cuando la conocí, me cohibió. Era una persona que miraba directo a los ojos, de voz profunda. La recuerdo muy artista, ella amaba el arte, no era política eso si. Cuando le contábamos con mi grupo de amigas de la época que íbamos a protestar contra la dictadura, nos decía “¡ya van a huevear!”. No le gustaba”, indica.
Tiempo después no continuaron con la relación, pero se hicieron buenas amigas, al menos se llamaban regularmente. En una de esas llamadas, recuerda Pelusa, a fines del año 1983, Mónica le comenta que tiene serias sospechas de que está siendo víctima de seguimientos por parte de extraños individuos. “Ella me decía que sospechaba que eran de la CNI. Además, justo había iniciado una relación con una tal Nataly, que más encima era casada. Ella tenía ese tipo de relaciones complicadas”.
Sólo a las seis de la madrugada comenzaban a circular las micros de colores en esa helada noche de 1984. No convenía salir antes. Gloria propuso ir a tomar locomoción a la esquina de Merced con Irene Morales. Se despidieron de los amigos y salieron de ahí raudamente con el vino navegado retumbando en sus sienes cuando la lluvia había comenzado a amainar.
Pasaban los minutos y nada parecido a locomoción se veía en esa esquina. Gloria y Mónica platicaban sobre lo bien que lo habían pasado. De pronto, como contaría años después Gloria del Villar en sus declaraciones a la justicia, de la oscuridad apareció un hombre. Alto, fornido, rubio, de ojos verdes muy juntos y con corte de pelo “a lo militar”, ninguna de las dos lo había visto antes. Llevaba gabardina de color beige, botas gruesas y un paraguas rosado. Tomó a Mónica por la espalda, la agarró firmemente del cuello, propinándoles empujones e insultos.
“Oye, y a ti, ¿qué te pasa?” – le preguntaba insistente y sorprendida, mientras su amiga Gloria no sabía qué hacer, sólo gritaba. Con el mismo paraguas le propinaba golpes en la cabeza al individuo. Los empujones continuaban y Gloria fue lanzada unos metros más allá por una patada en el estómago que le propinó el desconocido “contigo no es la cosa, ¡puta!”, le dijo. Súbitamente, Mónica, de 1,60 de estatura y 58 kilos, cayó al suelo después de un brusco empujón que le dio el rubio fornido. “Así te quería pillar ¡lesbiana!”- le gritaba el hombre. Ella se defendió como pudo, algunas de sus viejas amigas contaban que “era buena para los combos”, pero eso no impidió que en 10 minutos la bota del desconocido golpeara sin césar la cabeza de Mónica hasta desangrarla. Gloria, en shock, corrió por las calles hasta que tomó un taxi se fue a su casa. Fue reiteradamente citada a declarar, incluso se la declaró sospechosa. Nada de eso fue acogido por la justicia que cerró el caso en 1993.
Cristina Briones reconoce que al igual que todo el mundo, creyeron que se trataba de un accidente; sin embargo, diferentes hechos, como extrañas llamadas telefónicas o carabineros que entregaban papeles con datos de posibles sospechosos que podrían estar ligados con el crimen, les hicieron tomar la decisión de abrir una investigación judicial que se cerró sin encontrar culpables. “La Mónica era una diosa para toda la familia. En las fiestas navideñas, cumpleaños u otras cosas, ella era el alma de los festejos con su chispa. Ella se murió y se acabó la familia, todos se dispersaron, porque no podían creerlo, hasta hoy”, dice.
Prefiere recordarla enseñando un recorte de diario que ella calcula debe ser cuatro años antes de la muerte de Mónica. Es una entrevista que le hicieron en el suplemento “Yo, mujer” del diario La Tercera. Se titula: “Una mujer creativa y distinta”. En ella se hace hincapié en que la escultora llegó a la redacción del diario pidiendo una entrevista para que conocieran su arte. En esos días exponía en un centro cultural.
“Habla con soltura de la muerte- describe el diario- No le teme. Le parece infalible y cree que inexorablemente, morirá joven. “Porque soy muy acelerada, vivo muy rápido”, dice. Le gustaría conocer a Fellini, porque se siente media fellinezca y sigue pensando que la libertad no existe, “porque los seres humanos estamos muy condicionados. No sabemos lo que seremos el año dos mil. Quizás, en el futuro, nos convertiremos en puro cerebro”.
10 de julio, 2014 Autor: Erika Montecinos
Ayuquelén es el nombre de la organización lésbica generada a partir de la muerte de Briones. Se trata del primer conglomerado de mujeres lesbianas que se unen para luchar por sus derechos y reclamar la muerte de Briones como el primer crimen lesbofóbico en Chile.
