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sábado, 25 de abril de 2020

Patricia Gualinga pide protección legal para la Amazonia ecuatoriana


Patricia Gualinga Montalvo es una defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas integrantes de la etnia kichwa de Sarayaku, un territorio en la Región Amazónica del Ecuador

Gualinga es la Directora de Relaciones Internacionales de Kichwa First People de Sarayaku. Ella ha jugado un papel importante en la lucha por los derechos indígenas al ser  portavoz de muchos proyectos ambientales.

Dirigió el grupo de Mujeres del Pueblo durante seis años. También trabajó para fortalecer la organización de las mujeres en la comunidad; organizó talleres y guarderías para mujeres que asisten a los talleres para aprender a hablar por la comunidad, responder a los medios y responder a los argumentos de las industrias y los gobiernos.

Gualinga trabaja para proteger al pueblo Kichwa de la comunidad de Sarayaku de las violaciones de los derechos humanos que resultan de los proyectos de extracción de petróleo de las empresas chinas en sus tierras. Es portavoz de la propuesta dirigida por los indígenas 'Kawsak Sacha' o 'Bosque vivo', que exige la protección legal de la Amazonía ecuatoriana.

En 2012, Gualinga fue una de las representantes en un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). ​ La comunidad ganó este caso.​ El gobierno ecuatoriano fue declarado culpable de violaciones de derechos autorizadas a la exploración petrolera y la militarización de las tierras de Sarayaku sin consultar a la comunidad.
En 2018, se unió a la Cumbre de Cambio Climático de la COP23, Gualinga tuvo la oportunidad de hablar sobre las comunidades amazónicas en Alemania, ampliando sus conexiones y su causa. 
El 5 de enero de 2018, su hogar fue atacado por un individuo desconocido. La persona arrojó piedras, rompió ventanas y gritó amenazas de muerte. Muchos defensores de los derechos indígenas han denunciado anteriormente amenazas y hostigamiento como consecuencia de su trabajo de derechos humanos.

“La próxima te mato, me dijo varias veces”, relató Patricia Gualinga en una entrevista. Su esposo y sus padres fueron testigos de ese episodio. “Me quedé impactada, nadie me ha amenazado durante mi dirigencia”, contó. Casi enseguida, un patrullero de la policía que pasaba por el lugar fue detrás del atacante pero nunca más regresó. Al día siguiente, narró la líder sarayaku, se acercó a la Fiscalía Provincial de Pastaza a presentar su denuncia. Aunque en un inicio su testimonio no fue recibido argumentando la falta de un parte policial, finalmente el delito fue registrado.

“Me di cuenta que era una cuestión dirigida”, aseguró la lideresa indígena, quien durante los últimos 20 años ha concentrado sus esfuerzos en denunciar la violación de los derechos de los pueblos amazónicos que están en contra de la operación de  proyectos extractivistas en sus territorios. Sin embargo durante los pasados seis meses, Patricia Gualinga ha hecho base en el Puyo para cuidar de su padre.

“Lo que ha hecho el Estado es que la policía esté pendiente de mí en el Puyo”, explicó Gualinga. “Pero no hay resultados de la investigación”.



La lucha por proteger el territorio y el medio ambiente en Latinoamérica cuesta, y muchas veces cuesta la vida. Solo en el año 2017 fueron asesinados en la región 116 defensores del medio ambiente y la mayoría por proteger sus territorios de actividades como la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal,  según  informe de la organización británica Global Witness. Es por esto que las amenazas que recibió la defensora y lideresa Sarayaku Patricia Gualinga en su casa, en la ciudad del Puyo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, preocuparon tanto y volvieron a levantar las alertas sobre la situación de peligro que enfrentan los líderes comunitarios todos los días.



El mismo día del ataque, Amnistía Internacional generó un llamado urgente al Ministro del Interior para que reconozca públicamente el trabajo legítimo de Patricia Gualinga y de todos los defensores de los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente. Además instaron a las autoridades a llevar a cabo investigaciones inmediatas y que los resultados de la misma sean públicos, que los autores materiales e intelectuales del ataque sean llevados ante la justicia. “Creo que este es un elemento clave para poder conocer las razones detrás de este ataque, una investigación rápida, inmediata, exhaustiva”, aseguró María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional. “Estas personas deben tener un entorno seguro y propicio para realizar su labor”

Vista aérea del territorio Sarayaku, ubicado en la provincia ecuatoriana de Pastaza. Foto: Carlos Mazabanda.

Una lucha emblemática



El pueblo Sarayaku vive a orillas del río Bobonaza, en el centro de la provincia de Pastaza. Sus siete comunidades componen una población de alrededor de 1400 personas que se han concentrado en el centro urbano, es decir, un área determinada donde se encuentran sus viviendas y que solo corresponde al 5 % de las 135 000 hectáreas que abarca su territorio. .

Saliendo del centro urbano hacia la selva primaria uno se encuentra con pequeños ranchos donde los Sarayaku usualmente se retiran para pasar entre familia. “Son hermosos”, asegura Gualinga. “El bosque no está siendo presionado. Puedes escuchar el canto de las aves, y tener a tu mano plantas medicinales”, narra la líder sarayaku, mientras recuerda en especial los viajes que realizaba con sus abuelos paternos a las orillas del río Rotuno, en el sector de Papaya.


Más adelante está la selva viviente, espacios sagrados para los Sarayaku y donde no se permite ninguna intervención humana. “Ahí se siente la presencia de la naturaleza y el ecosistema”, explica Patricia Gualinga. Esta zona es atravesada por lagunas que guardan una diversidad de especies de lagartos, peces y anacondas. Además, se encuentran los ríos Andayacu, Ishpingo, Rotuno y Capahuari.

Pero este pueblo ha luchado por mantener su territorio libre de actividades extractivas por más de una década, desde que la empresa Compañía General de Combustibles (CGC) obtuvo en 1993 la concesión de lo que en el momento se conocía como bloque 23. Para el año 2002, la CGC ingresó a la comunidad con el objetivo de empezar sus tareas de exploración y enterró 1433 kilogramos de dinamita de alto poder, conocida como ‘pentolita’, para determinar cuánto crudo yacía bajo tierra. 

“El pueblo de Sarayaku ha entendido que esa promesa de desarrollo no existe, es falsa”, dijo Tatiana Roa, de la organización ambientalista colombiana CENSAT Agua Viva. “Se reconocen como pueblos indígenas que no necesitan seguir esta promesa del desarrollo y del progreso”. Roa describió a esta lucha como emblemática ya que representa el pensamiento del pueblo de Sarayaku, a través de un discurso original que logró cohesionar un pueblo entero. Y en esto, señaló Tatiana Roa, Patricia ha desempeñado un papel fundamental. “Creo que ha sido una mujer que ha inspirado a muchas de estas luchas que hoy se dan en América Latina frente a esta lógica extractivista”, aseguró Roa y añadió que lo interesante de Gualinga y su trabajo es que no se ha cristalizado en términos individuales sino en la representación de un colectivo a través de su vocación como Saramanta Warmikuna o mensajera de la lucha amazónica.

Patricia Gualinga se ha convertido en un refugio para el pueblo de Sarayaku, a pesar que su  trabajo es de alto riesgo por enfrentar constantemente intereses personales. Ahora la comunidad debe proteger su territorio de la posible explotación de los bloques 74, 75 y 79 concesionados a PetroAmazonas y Andes Petroleum, durante la undécima ronda petrolera que dividió el centro sur de la Amazonía en 13 bloques, explicó Melo. Además, el abogado defensor de  los sarayaku informó sobre el incumplimiento de la sentencia de la CIDH del 2012, sobre todo en el tema de la consulta previa y el retiro de la pentolita enterrada. “El Estado tiene obligación moral y jurídica de cumplir”, dijo el abogado. “Es inconcebible que luego de hacer ese acto, se viole la sentencia”, refiriéndose a las disculpas públicas que el gobierno pidió en el 2014.


“Ya no somos los pueblos tranquilos que éramos antes. Siempre estamos a la defensiva”, dijo Patricia Gualinga y aseguró que esta batalla no se da en igualdad de condiciones, al enfrentarse a empresas que manejan grandes economías y que son protegidas por el Estado. A su pueblo, contó, esto le ha tomado años de sus vidas dedicados a la defensa del territorio.

“Nuestra vida no se ha vuelto a retomar”, comentó.

Ahora el pueblo sarayaku le ha propuesto al presidente Lenín Moreno que se tomen medidas eficaces para dar cumplimiento a la sentencia, y delineó una hoja de ruta para involucrar al Ministerio de Justicia, Ambiente, Hidrocarburos, Interior, Defensa y Cancillería para este efecto. Pero según Melo esto quedó fuera de las prioridades del gobierno.



“Yo no sabía que tenía esta vocación”, comentó Gualinga. “Yo estaba dedicada a trabajar y salir adelante como mujer, en la radio y después directora de un proyecto de turismo”. Pero una vez que la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC)  entró a su territorio en 1993, recuerda que no le quedó otra salida más que unirse a la lucha ante la insistencia de su pueblo. Ella decidió hacerlo sin saber las consecuencias que esto podría traerle. “En esa época luchar contra una empresa petrolera era imposible”, dijo. “Me metí a lo de Sarayaku y nunca más pude salir”.




https://es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Gualinga
https://es.mongabay.com/2018/03/ecuador-lider-sarayaku-patricia-gualinga/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-amazonicas-guardianas-de-la-naturaleza/

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HH

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