Mariana Mota (Colonia, 1964) es una jueza de Uruguay. Se desempeñó como magistrada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno de la ciudad de Montevideo, donde investigaba más de 50 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas a la última dictadura militar.
En 2010 condenó al expresidente y dictador Juan María Bordaberry por delitos de atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político. Fue trasladada a un juzgado civil en el año 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia, lo que ocasionó una polémica en torno a los posibles motivos de dicho traslado, y generó diversas manifestaciones de rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Fue designada para integrar el Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos el 1 de agosto de 2017, siendo su actual Presidenta.
Mariana Mota nació en Colonia, Uruguay, en 1964 Sus primeros años transcurrieron en Montevideo. Más tarde pasó a vivir en Paysandú junto a sus padres y dos hermanos mayores, donde cursó la escuela y el liceo públicos. A los 18 años volvió a residir en Montevideo, para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Durante sus años de estudiante de derecho fue activista gremial, pero no militante política. Se considera "humanista"
La jueza que había condenado al ex presidente Juan María Bordaberry, fue despojada de los dossiers relativos a crímenes de la dictadura en Uruguay. En esta materia, este país está en retraso comparado a la Argentina y Chile.
Mariana Mota tiene un físico frágil y una expresión austera, sin maquillaje, que disimulan un carácter bien templado. Esta jueza uruguaya se ha convertido en un símbolo. En febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia del Uruguay la transfirió de un juzgado en lo penal a una jurisdicción en lo civil. Por esta decisión, ella se vio alejada de una casi cincuentena de casos de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1985).
Ante esta noticia, Guillermo Cedrez, Presidente del Círculo Militar, que agrupa los oficiales en retiro y oficiales de la reserva, expresó su alegría. Según él, la magistrada desplazada habría adolecido de “falta de imparcialidad”. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos y las asociaciones de víctimas de la dictadura manifestaron su indignación contra esta acción de retirarle los casos en proceso a una jueza que había llegado a ganar la confianza, después de tantos años donde reinó la impunidad. El 20 de mayo, como en años anteriores, ellos efectuaron “la Marcha del Silencio” en Montevideo, en memoria de las heridas de la dictadura, con una consigna: “En mi Patria, no hay justicia: ¿quienes son los responsables?”
Con 43 años de edad, Mariana Mota era una niña durante los años de plomo, ella no tiene ninguna cuenta que saldar con aquella época. En 2012 había acompañado en un tramo “la Marcha del Silencio”. Ella también había concedido un reportaje al diario argentino “Página12″ sobre la deuda de los uruguayos con respecto a su pasado. Tales fueron los dos reproches que le formularon sus detractores. Tanto uno como el otro fueron objeto de una investigación de parte de la Suprema Corte de Justicia, que al final no condujeron a ninguna amonestación.
Los hijos adolecentes de la jueza tienen dificultades en comprender estas chicanas. Su madre no se plegó a las presiones. La amnistía que se habían acordado los militares antes de dejar el poder no le impidió que en el 2010 condenara al ex Presidente, Juan María Bordaberry, el cómplice civil, en el poder de facto entre 1972 y 1976, a treinta años de prisión.
En 2011, la Corte Interamericana de los DDHH (CIDH) ordenó al Uruguay juzgar los crímenes contra la humanidad, argumentando su carácter de imprescriptibilidad. La Suprema Corte en Montevideo rechaza el principio de retroactividad y de la imprescriptibilidad, y el hecho mismo de que las desapariciones forzadas constituyen un crimen continuo.
“El derecho a saber, de conocer la verdad es un derecho de toda sociedad, y no solamente de los parientes de las victimas”, expresó Mariana Mota en su intervención en Paris el 21 de mayo, en un coloquio sobre los desaparecidos organizado en el Senado por la Asociación “Donde Están?” (“Où sont-ils?”)”¿Que pasará con de las sentencias que estaban prontas antes de mi traslado? La Jueza que debe reemplazarme deberá tomar un tiempo para familiarizarse con los diversos casos. Por lo cual este retraso es contrario al dictamen de la CIDH”, expresó.
Para la procuradora Mirtha Guianze, “la Suprema Corte es una instancia feudal, conservadora”. La mayor parte de los magistrados han comenzado su carrera bajo la dictadura y, asegura, “quien sea diferente es defenestrado”.
El Uruguay ha ratificado los textos internacionales sobre los derechos humanos, pero los jueces se atrincheran en el derecho local. Mariana Mota no ha dudado en proseguir con los procesos. Así en 2011 logró la condena del coronel Carlos Calcagno. En 1977, éste había supervisado el arresto de dos uruguayos en Paraguay, de donde fueron trasferidos hacia la Argentina en el cuadro del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas. Los prisioneros jamás aparecieron. Los “archivos del terror” encontrados en Paraguay en 1992 contienen pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Calcagno. Lo que no impidió que la sentencia pronunciada haya sido fuertemente criticada por otro ex presidente, el liberal Jorge Batlle.
Al parecer, las investigaciones de Mariana Mota han molestado a la coalición de centro-izquierda en el poder desde el 2005. El actual presidente, José Mujica, es un ex guerrillero y un ex prisionero político, retenido como rehén en las condiciones más degradantes por más de 12 años. “El Estado, no tiene una política activa en materia de derechos humanos”, lamenta la Jueza Mota. “El sistema judicial no ha hecho lo suficiente para responder a las familias que desean conocer la verdad”. Los restos de 4 desaparecidos (sobre 200) han sido encontrados en diferentes cuarteles. El Uruguay está en retraso en comparación con la Argentina y Chile. “Los magistrados encargados de las averiguaciones y pesquisas no tienen los equipos técnicos suficientes, ni financiamiento ni el apoyo del gobierno, precisa Mariana Mota. El presidente Mujica, él mismo victima, no puede ser indiferente con respecto a quienes reclaman justicia”.
La senadora de izquierda Constanza Moreira cree que los ex guerrilleros sienten una responsabilidad de “culpabilidad” con respecto a la represión. El Uruguay contó en su momento, con el número más elevado de prisioneros políticos, de torturados y de exilados, con respecto a su población (3 millones de habitantes). La mayoría han obtenido reparación, pero las exigencias de justicia no han sido satisfechas.
La izquierda organizó dos referéndums para la anulación de la amnistía de los militares, en 1989 y en 2009, y perdió las dos veces. La democracia directa contribuyó a oponer el sufragio universal y los derechos humanos.
“Una parte de la izquierda ha tenido una actitud ambigua, hace notar Denis Merklen, profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina (Paris). José Mujica había criticado el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998, en nombre de la soberanía nacional. Del mismo modo, los dictámenes de la CIDH son vividas como una injerencia”. Mariana Mota encarna una convicción: “Si los derechos humanos, los derechos individuales fundamentales no son respetados, todos los otros derechos pierden su sentido: ellos son la base del edificio jurídico”.
Magistrados europeos se organizan para demostrarle su solidaridad. Mariana Mota ha salvado el honor de la magistratura uruguaya, expresó el jurista francés Louis Joinet. El desafío sobrepasa al Uruguay. La decisión de la Suprema Corte constituye un grave precedente, que arriesga inspirar a los Estados destructores, prontos a dar vuelta la página para que no pueda ser leída”.
Paulo A. Paranagua
10 de junio de 2013 |© Le Monde
CASOS RELEVANTES
Mota es la jueza que investiga la caída en junio de 2012 del avión de Air Class en aguas del río de la Plata. Días pasados, se encontró la puerta del avión, por lo que las investigaciones ganaron nuevo impulso.
Debido a esta causa, Mota mantuvo discrepancias públicas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
"Desde el Ministerio de Defensa se me envió un informe donde se aseguraba que ya había elementos suficientes, pero evidentemente yo no opino lo mismo por ello dispuse que se retomara la búsqueda", señaló la magistrada al ser consultada por EL PAÍS en ese momento.
En mayo de 2011, la jueza ocupó los títulos de los diarios debido a que fue vista durante la "Marcha del Silencio" , lo que generó una polémica que fue investigada por la Suprema Corte de Justicia.
Mota dijo en ese momento al semanario Búsqueda que "estuvo en la calle" en el momento de la marcha y que incluso intercambió algunas palabras con el doctor Oscar López Goldaracena, senador suplente del FA y abogado encargado de elaborar el proyecto plebiscitado en 2009 para anular la ley de Caducidad.
La magistrada fue recusada por varios de los militares retirados cuyas causas por violación de los derechos humanos durante la dictadura estaban bajo su órbita, pero finalmente la SCJ no entendió que hubiese cometido falta alguna.
El País Digital
13.02.2013,
http://www.lr21.com.uy/politica/1109325-mariana-mota-el-honor-de-la-magistratura-uruguaya-segun-le-monde
http://capturavidas.blogspot.com.es/2012/04/circulan-dos-mails-apocrifos-sobre-mota.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1115781&Itemid=1
http://www.elpais.com.uy/130213/ultmo-695484/ultimomomento/trasladaron-a-mariana-mota-a-la-justicia-civil/
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/21047/jueza-mariana-mota-recurrira-decision-de-su-traslado-a-lo-civil
