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jueves, 6 de febrero de 2014

La justicia da la espalda a más de 2.000 mujeres peruanas. Actúa en su apoyo .



Nos sumamos al pedido de Amnistía Internacional .  Pedimos justicias para estas mujeres de Perú.
Actúa en su apoyo  
Más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres que fueron presuntamente sometidas a esterilizaciones forzadas han visto negada la justicia tras la decisión de la Fiscalía de archivar sus casos. El hecho de que no se hayan investigado sus denuncias pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las comunidades indígenas y campesinas en Perú y, concretamente, las mujeres. 

El 22 de enero, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima archivó los casos de más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres que presuntamente fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en la década de 1990. Esos 2.000 casos representan tan sólo una pequeña parte de un total de más de 200.000 mujeres esterilizadas en los años noventa, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pobres que afirmaron que no habían dado su consentimiento pleno e informado. Tras una investigación, que comenzó en 2004 y duró casi 10 años, la Fiscalía sólo presentó cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. No se formularon cargos contra ninguna de las autoridades gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a tales esterilizaciones. 

En 2004, la Fiscalía emprendió una investigación sobre la práctica generalizada de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en los años noventa. Se cerró inicialmente en 2009, pero se reabrió a raíz de la presión nacional e internacional. Sin embargo, los abogados que representan a las más de 2.000 víctimas han manifestado su preocupación por la falta recursos asignados a la investigación y de avances para determinar quiénes son las partes responsables en todos los niveles. Esta investigación se había iniciado después de que el Estado peruano y la familia de María Mamérita Mestanza Chávez alcanzasen una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perú reconoció ante la Comisión que había violado el derecho de María Mamérita Mestanza Chávez a la vida, a la integridad personal y a la igualdad de protección ante la ley sin sufrir discriminación, y que había incumplido su obligación de abstenerse de causarle daños. El Estado peruano también se comprometió a investigar y obtener justicia en este caso y en todas las demás denuncias de esterilizaciones forzadas. 

Información complementaria


Durante la década de 1990, unas 200.000 mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, fueron esterilizadas en el marco de una política de control demográfico dirigida a las personas que vivían en la pobreza. Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron. 

En 2002, la Comisión del Congreso encargada de investigar las denuncias de esterilización forzada determinó que se realizaron esterilizaciones sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”. La Comisión también concluyó que hubo injerencias del gobierno de la época en la aplicación compulsiva de esterilizaciones. Sobre la base de estas conclusiones, se formularon denuncias contra los entonces presidente Alberto Fujimori, ministro y viceministro de Salud y varios de sus asesores. 

Los derechos sexuales y reproductivos están consagrados en diversos tratados internacionales de derechos humanos, que estipulan que los Estados deben respetar, proteger y garantizar la libertad y la dignidad de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, sin someterlas a coacción ni violencia. Estos derechos han quedado recogidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, el intervalo entre los nacimientos y cuándo tenerlos. El Programa de Acción también establece que las personas deben disponer de los medios y la información necesarios para satisfacer estos derechos, y reconoce el derecho a disfrutar del nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. 

Perú tiene un dilatado historial de discriminación contra las personas pobres, indígenas y campesinas, y concretamente las mujeres. En 2003 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para determinar las circunstancias que rodeaban los miles de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos alzados en armas y por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. La Comisión concluyó que la gran mayoría de las víctimas de estas violaciones pertenecían a comunidades pobres, indígenas o campesinas, principalmente de lengua quechua. En el caso de mujeres indígenas y campesinas pobres, a la discriminación racial se sumaba la discriminación por motivos de género. Un ejemplo claro de esta doble discriminación es que se cree que millares de estas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad o sin su consentimiento entre los años 1996 y 2000. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la persistente discriminación racial, social y de género es uno de los motivos por los que se han ignorado durante años estas graves violaciones cometidas contra personas indígenas y campesinas pobres, y que esta discriminación tan arraigada debe abordarse para impedir que violencia tan terrible se repita en el futuro.
Actúa en su apoyo  
http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=47
http://derechoshumanos.pe/2010/10/otra-vez-esterilizadas-forzadas-intentan-justicia-en-peru/

HH

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