Cerca del 90% de las decenas de miles de paramilitares que supuestamente se
desmovilizaron nunca fueron investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto,
pudieron volver libremente a sus comunidades. Como consecuencia, muchos sobrevivientes
de violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual, se han mostrado reacios a
denunciar casos a la Unidad de Justicia y Paz.
Hay muchos casos en que las sobrevivientes
han sido amenazadas por sus agresores, que habían vuelto a vivir en el barrio local tras su
desmovilización. La pena máxima de ocho años prevista en el proceso de Justicia y Paz
también ha servido para disuadir de denunciar la violencia sexual, pues las mujeres temen
que el perpetrador pueda estar pronto de regreso en la comunidad.
La infiltración que están realizando los grupos paramilitares en ciertos sectores del aparato
del Estado, especialmente en las regiones, y la connivencia que sigue existiendo entre estos
grupos y algunos miembros de las fuerzas de seguridad, hacen que invariablemente algunos
de los paramilitares que regresaron a sus casas o que siguen actuando en otras partes del
país sigan teniendo cargos de poder. Por tanto, están en condiciones de seguir
menoscabando los derechos de las mujeres a no sufrir violencia y a la justicia.
El hecho de que no se investiguen los crímenes de violencia sexual en el proceso de Justicia
y Paz se ha visto exacerbado por la inexistencia de una estrategia institucional efectiva para
investigar la violencia sexual. Uno de los puntos débiles más graves del proceso de Justicia y
Paz es que los fiscales generalmente sólo investigan casos en los que ya han confesado
paramilitares, lo que resulta problemático, pues los paramilitares no confiesan crímenes de
violencia sexual.
Aunque las ventajas judiciales dependen de que los combatientes paramilitares confiesen
sus crímenes, la redacción de la Ley de Justicia y Paz no es lo suficientemente inequívoca,
por lo que los combatientes podrían seguir obteniendo ventajas judiciales incluso si no hacen
una confesión completa. Los paramilitares no suelen ser sometidos a un proceso exhaustivo
de contrainterrogatorio y, por tanto, es difícil determinar si un procesado ha hecho una
confesión completa o totalmente sincera. El gran volumen de trabajo de los fiscales hace que
las declaraciones de los paramilitares suelan aceptarse sin más. Los fiscales tienden a no
interrogar a los paramilitares sobre prácticas como la prostitución forzada y la esclavitud
sexual que eran, y siguen siendo, habituales en las zonas del país controladas por los
paramilitares.
Los fiscales también tienden a no preguntar si se cometieron crímenes de
violencia sexual cuando se estaban cometiendo crímenes relacionados a menudo con la
violencia sexual, como masacres, desplazamientos forzados u homicidios selectivos.
Aunque las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por paramilitares son
investigadas por la Unidad de Justicia y Paz, las supuestas violaciones cometidas por
miembros de las fuerzas de seguridad son jurisdicción de otras unidades de la Fiscalía
General de la Nación, como la Unidad de Derechos Humanos, e incluso son investigadas
muchas veces por el sistema de justicia militar, pese al hecho de que, constitucionalmente,
estos casos deben ser excluidos de la jurisdicción militar. Por tanto, en los casos de violencia
sexual donde hay implicados paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad no existen
garantías de que las diferentes unidades compartirán la información. Como consecuencia de
ello, las investigaciones son a menudo defectuosas y parciales.
Aunque en el proceso de Justicia y Paz la identidad de las víctimas está presuntamente
protegida, algunas sobrevivientes de actos de violencia sexual cometidos por paramilitares se
han visto obligadas, al hacer sus declaraciones voluntarias, a prestar testimonio delante de
sus agresores o de miembros de la comunidad. En otros casos, los fiscales de la unidad han
visitado comunidades rurales pidiendo información sobre posibles víctimas de abusos
sexuales, o han visitado a sobrevivientes en sus propios domicilios, en zonas donde hay una
presencia paramilitar manifiesta.
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