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domingo, 8 de abril de 2012

Teresa Incháustegui Romero


Teresa Incháustegui Romero , advirtió que "es incalculable precisar el daño por las vidas cegadas, las familias rotas, mutiladas y dolidas" durante los cuatro años de la estrategia contra el hampa

Al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por las organizaciones criminales durante la actual admnistración, se afirma en un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

La lucha contra el crimen organizado, instrumentada por el gobierno del presidente Felipe Calderón desde 2006, ha dejado, según el informe, un saldo de 10 mil menores huérfanos y 120 mil personas desplazadas.

El presidente de esta comisión, José Luis Ovando Patrón (PAN), dijo que aún no conoce el documento completo, porque lo está procesando la secretaria de ese órgano, Teresa Incháustegui (PRD), pero dijo que “cualquier documento por crítico que sea” será integrado para el análisis y discusión de propuestas que fortalezcan el marco legal e institucional para enfrentar, con el menor número de “bajas”, al crimen.

Ovando aseguró que en su momento analizarán todas las cifras.

Piden cifras claras

Teresa Incháustegui advirtió que “es incalculable precisar el daño por las vidas cegadas, las familias rotas, mutiladas y dolidas”.

Para la diputada, el gobierno federal dejará “un gran saldo social”, pues —según sus cifras— las víctimas van más allá de los 40 mil muertos que acepta la administración federal.

El documento procesado por la perredista establece que además de los asesinatos, en este año han sucedido un “sinnúmero de violaciones sexuales” relacionadas con los operativos, y que hay 14 mil casos denunciados de manera formal.

Dijo que las cifras las ha ido recolectando con ayuda de organismos no gubernamentales de derechos humanos y de la sociedad civil.

Desde hace un año, el gobierno federal no ha atendido un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que se le hizo para hacer un desglose pormenorizado de las víctimas por la lucha anticrimen, en el cual se precise edad, sexo y situación legal.

“No respondieron, la Secretaría de Gobernación hizo mutis de este punto de acuerdo”, denunció la perredista.

Consideró que existe una gran indiferencia del gobierno federal hacia las víctimas, pues no se ha buscado recomponer el tejido social en la mayoría de los casos, sino sólo se atienden los casos mediáticos, como el de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dijo que de acuerdo con proyecciones con base en el incremento de asesinatos, el sexenio de Calderón podría terminar con más de 60 mil muertos.

“La guerra nunca es solamente entre dos bandos. Siempre se van en medio muchos inocentes que no están en ningún lado, y eso es lo que está ocurriendo en México. La violencia se sigue extendiendo a las personas que no tienen nada que ver”, dijo.




Es Licenciada en Sociología por la UNAM y Doctora en Ciencia Política con especialidad en Política social, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Desde el año  2000 es Profesora en el Programa Interdisciplinario en Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México, donde imparte los cursos: Género e Instituciones Modernas y Los Dilemas de la Institucionalización de la Perspectiva de Género, en  el programa de Maestría. Profesora del Diplomado de Género y Política Públicas de la FLACSO-México desde 2002. Ha hecho estancias de investigación sobre temas de política social en el Latin American Center of Studies de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y en el Departamento  de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM.  
En 1997 recibió Premio Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de la UNAM por un artículo titulado “La Reestructuración Económica del Empresariado 
en México, en conjunto con Enrique de la Garza Toledo. Es miembro y fundadora del Observatorio Ciudadano de Política Social, Familia e Infancia, donde ha desarrollado investigaciones sobre el impacto de la familia y el trabajo infantil en las oportunidades de vida de niñas y niños mexicanos.  
Entre una larga trayectoria como servidora pública iniciada desde sus tiempos de estudiante universitaria, en el campo de  política social ha sido Directora y fundadora del Centro de Estudios para el Avance de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de  Diputados; estuvo a cargo  de la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico del  Instituto Nacional de las Mujeres de México y de la Dirección General de  Operación y Monitoreo de la misma institución. Y fue asesora del Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Actualmente se desempeña como Consultora independiente.  
Ha publicado diversos artículos en revistas y libros universitarios

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HH

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