Yanar Mohammed, destacada defensora iraquí de los derechos de las mujeres, fue asesinada el 2 de marzo de 2026 frente a su residencia en Bagdad por dos hombres armados no identificados. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del asesinato. Había nacido el 25 de noviembre de 1960
El primer ministro iraquí, Mohammed Shia’ al-Sudani, ordenó una investigación sobre el crimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos instan a las autoridades a identificar a los responsables y a poner fin a la continua ola de ataques selectivos contra activistas en el país.
Mohammed fue cofundadora y directora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI). Era ampliamente reconocida por su labor en apoyo a las mujeres que sufren violencia de género, incluyendo la creación de una red de refugios en varias ciudades iraquíes. El asesinato se produce en un contexto de deterioro de los derechos de las mujeres en Irak.
En febrero de 2025, a pesar de la fuerte oposición, el gobierno iraquí implementó enmiendas a la Ley de Estatuto Personal. Dichas enmiendas eliminaron la edad legal para contraer matrimonio (18 años) y suprimieron protecciones clave en materia de divorcio y herencia. Las organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron duramente la legislación antes de su entrada en vigor. Human Rights Watch (HRW) condenó las modificaciones por reducir la edad mínima para contraer matrimonio por debajo de los estándares legales internacionales. Razaw Salihy, investigador de Amnistía Internacional en Irak, también declaró sobre la ley: “El matrimonio infantil no solo priva a las niñas de su educación, sino que las niñas casadas son más vulnerables al abuso sexual y físico, y a los riesgos para la salud relacionados con el embarazo precoz”. Tras la muerte de Mohammed, las organizaciones de derechos humanos enfatizaron la incapacidad del gobierno para proteger a los activistas. HRW afirmó que el asesinato era totalmente evitable y se inscribe en un patrón de asesinatos de alto perfil de defensores de derechos humanos en Irak durante la última década.
Abordando el problema en general, Amnistía Internacional declaró: “La persistente incapacidad de las autoridades iraquíes para exigir responsabilidades a los perpetradores de asesinatos anteriores ha afianzado un clima de impunidad que sigue poniendo a los activistas en grave riesgo, incluso mortal”.
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