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domingo, 6 de diciembre de 2015

MANIFIESTO FEMINISTA ANTE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 20 D 2015


MANIFIESTO FEMINISTA
ANTE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 20 D 2015

Las organizaciones feministas proponemos a la ciudadanía y a las candidaturas que se presentan, que las elecciones legislativas del 20 de diciembre de 2015 supongan una apuesta real por:

1.- Más empleos de calidad y fin de los recortes, que aumentan la desigualdad y la violencia de género.
La persistente Tasa de Paro (19,9% de los hombres, 22,7% de las mujeres EPA3T2015) es, con las reformas laborales, la principal causa de desigualdad, cebándose en jóvenes, inmigrantes y mujeres, que acumulamos más paro, menor protección por desempleo y peor empleo por la feminización del tiempo parcial.
Exigimos:

 -La derogación de las dos últimas reformas laborales-

  • - que el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres, y no el integrismo del déficit, sean el centro de una nueva política económica
  • - que el tiempo parcial se compute estadísticamente en tasa diferenciada de la  del tiempo completo, y se relacione con la pobreza y violencia contra las mujeres
  • - ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y establecer la protección por desempleo
  • - aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 426 euros mensuales para cerca de 2,1 millones de personas, dos tercios mujeres, demandantes de empleo sin ingresos
  • - para que nuestra economía no vaya de una burbuja especulativa a otra, destinar el 3% del PIB a investigación y desarrollo, con equilibrio de sexos en el personal científico del CSIC y las universidades.
  • - trabajar menos para trabajar tod@s: reducción general de la jornada laboral
  • - eliminar la brecha de género en salarios (32%), pensiones (38%) y cobertura por desempleo (15%)
  • - eliminar la declaración conjunta del IRPF, porque desincentiva de hecho el empleo de las mujeres casadas


2.- El reparto social del cuidado de la infancia y las personas en situación de dependencia es vital.
El gasto en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia en el Presupuesto del Estado para 2016 es menos de la centésima parte del destinado a deuda pública, mientras de 2008 a 2014 han bajado un 15% los nacimientos de madre española y 30% los de madre inmigrante, y también, por el aumento de tasas, la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, que sólo alcanza al 33,7%, y únicamente el 47,3% de 1.577.207 solicitantes de atención por dependencia tiene ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente personal o paguita a su cuidador/a familiar, a quienes el Estado aporta un promedio de sólo 3 euros por persona y día.
Como dice el 4º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU Sept 2015), para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas es imprescindible reconocer y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos.

Exigimos:

  • - la cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años
  • - la cobertura universal, suficiente y de calidad de la atención a las personas en situación de dependencia, que crearía 600.000 nuevos empleos
  • - permisos laborales obligatorios, iguales e intransferibles por nacimiento o adopción para mujeres y hombres
  • -aplicar al IRPF la tributación individual y cubrir las necesidades de las familias monomarentales, la infancia y personas mayores con gasto público, no con desgravaciones fiscales que crean desigualdades territoriales y sociales


3.- La igualdad entre hombres y mujeres, en la agenda política de salida de la crisis

  • - Reponer el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, el Instituto de la Mujer diluido en 2014 y los presupuestos para igualdad y violencia de género recortados un 32,9% (de 66 a 44 millones) de 2009 a 2016, reforzando su incidencia social y política, su coordinación con las Comunidades Autónomas y su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, como dice el punto 15 de las Observaciones a España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer CEDAW.
  • - Devolver a los ayuntamientos la competencia en igualdad eliminada por la Ley 27/2013 y su financiación, especialmente para la prevención y atención social, jurídica y psicológica a víctimas de violencia de género.
  • - Crear un cauce amplio de participación de las organizaciones feministas, ya que el actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del gobierno, ni representativo, plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del movimiento feminista.
  • - Cumplir el preceptivo desglose por sexos de las estadísticas y su publicidad, y dar a los preceptivos informes de impacto de género de leyes y normas el carácter de análisis crítico del que ahora carecen, incluyendo el del Presupuesto del Estado, incorporando la participación social.
  • - Estado laico,
  • - Políticas para las mujeres con las mujeres: selección de candidatas y candidatos sin estereotipos de género, listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres, paridad en el reparto post electoral de cargos de gobierno y de alta administración.


4.- Reactivar la lucha contra la violencia de género
En España una de cada cuatro mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia, según la Macroencuesta oficial 2015, cifra que se incrementa un 33% en las mujeres con discapacidad. Pero sólo el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales, y sólo un 29% la denunciaron, y de ellas el 21% retiraron luego la denuncia. En 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de género, se concedieron 18.775 órdenes de protección y se dictaron 28.365 sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). A 10.502 se les facilitó el teléfono de localización y atención 24 horas ATENPRO, a 716 parejas pulsera de seguimiento telemático de la Orden de alejamiento, y sólo a 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses en pago único, y a 744 (0,6%) contratos con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
La multitudinaria Marcha contra las violencias machistas del 7N 2015 convocada por el Movimiento Feminista exige que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado, e incluya tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas. Exigimos:
  • - que se cumpla el Convenio de Estambul del Consejo de Europa: vinculando la erradicación de la violencia a la de la discriminación y la doble discriminación de inmigrantes, mujeres con diversidad funcional y dependientes; incluir en la Ley 1/2004 la violencia sexual y contra mujeres sin relación de pareja; no supeditar la prestación de servicios y ayudas a la presentación de denuncia o testimonio contra el maltratador, y trabajar en la educación como sistema más extenso de prevención, cumpliendo los artículos 4 al 9 de la Ley 1/2004.
  • - que se indemnice, conforme al Dictamen 47/2012 del Comité CEDAW, a Ángela González Carreño, y se forme a la judicatura y otros agentes jurídicos para escuchar sin prejuicios sexistas en el buen trato a las víctimas y valorar los antecedentes y riesgos de violencia al establecer guardas, custodias y visitas, porque de 2008 a 2014 20 niños y niñas han sido asesinados por sus padres durante las visitas. Fin de la impunidad de la negligencia  judicial cuando se derivan de éstas asesinatos feminicidas.
  • - Reabrir los Puntos de Encuentro Familiar cerrados o privatizados por los recortes y asegurar la formación en violencia de género de todo el personal que los atiende.
  • - Modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja, más que como derecho funciona como advertencia a las mujeres y que contribuye a la impunidad.
  • - Ampliar y mejorar los cauces de participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres en el Observatorio de Violencia y en todos los organismos relacionados con la VG.
  • - Eliminar del Código Penal la sustitución de las penas de cárcel por multas en caso de VG.
  • - Especialización obligatoria materia de violencia de género y estabilidad en el empleo de las/os profesionales que tratan a/con víctimas, incluidos los Servicios de Asistencia a las Víctimas, todo el personal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Puntos de Encuentro Familiar, etc., y en particular de los equipos multidisciplinares de valoración integral. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados, en especial para prevenir el uso del pretendido Síndrome de Alienación Parental.
  • - Suprimir el art. 35 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, por ser una norma contraria a las víctimas e innecesaria que da cobertura legal al discurso de las denuncias falsas por violencia de género.



5.- Erradicar la trata y la prostitución.
Manifestamos nuestra solidaridad con las mujeres que ejercen la prostitución y nos oponemos rotundamente a que sean perseguidas o penalizadas de cualquier forma. Pero reclamamos políticas públicas para las que deseen abandonar la prostitución y rechazamos su normalización por el capitalismo neoliberal que la ha incluido en el PIB, porque, como dice la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, realimenta la pobreza, el racismo y la desigualdad entre hombres y mujeres. Aunque no toda la prostitución deriva de la trata de mujeres y niñas, es su principal destino. Exigimos:

  • - Aprobar una Ley Integral contra la Trata, conforme al punto 23 de las Observaciones del CEDAW, con perspectiva de género y que vaya más allá del Plan 2015-2018 aprobado en septiembre 2015, que cuente con recursos reales (en los Presupuestos 2016 sólo hay 2 millones para Atención a víctimas) de acogida, de crisis, de salida y reintegración.
  • - Poner el acento en la gravísima violación de los derechos humanos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y centrar los esfuerzos en el buen trato, la protección de su seguridad, la reparación de los graves perjuicios sufridos, el apoyo a las organizaciones que atienden a las víctimas y la prevención efectiva, además de la sanción a los clientes.
  • - Programas más amplios de oportunidades alternativas de generación de ingresos para las mujeres que deseen abandonar la prostitución.
  • - Adoptar medidas para reducir su demanda, como la educación afectivo sexual, la revisión de los estereotipos y de los roles sociales de prostituidas y prostituidores sexuales en la publicidad y los medios de comunicación. Prohibición de anuncios de prostitución en los medios de comunicación
  • - Adoptar una definición de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado y sanción efectiva de quienes explotan la prostitución, que requiere la redefinición legal de la situación de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, en relación con la explotación, para corregir la actual imposibilidad de sancionar el proxenetismo. Su actual definición (jurisprudencial antes, ahora legal) como aquella en que la persona en cuestión “no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso” (177 bis.1 CP, último párrafo), hace imposible en la práctica sancionar la explotación sexual al imponer una prueba diabólica, pues la inexistencia de alternativa a cualquier cosa es imposible de probar.
  • - Además, si realmente hay voluntad política de efectividad en la lucha contra esta forma de violencia contra las mujeres, como ya se planteó en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre este tema, han de imponerse las correspondientes penas a los  dueños, gerentes, propietarios del local, arrendadores, etc. en los que habitualmente se ejerza la prostitución, por estar lucrándose de ella.


6.- Sanidad pública universal, que incluya la salud sexual y reproductiva y el aborto
Exigimos:
  • - Derogar el Real Decreto Ley 16/2012 que priva del acceso universal al cuidado de la salud especialmente a las mujeres, inmigrantes o nacionales sin cotización.
  • - Derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto.
  • - Garantizar la atención al aborto en todos los centros públicos, sustituyendo a los objetores.
  • - Asegurar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de mujeres solteras y lesbianas.
  • - Evaluar y corregir el impacto en la salud física y psíquica de la asignación a las mujeres del cuidado de personas dependientes o enfermas, y de la contaminación ambiental, la violencia de género, la discriminación de discapacitadas, inmigrantes, rurales, ancianas e institucionalizadas, y de la incitación a la cirugía estética para la sexualidad, la eterna juventud y la belleza.
  • - Atender con perspectiva de género la morbilidad diferencial entre hombres y mujeres.
  • - Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, de rehabilitación..
  • - Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
  • - Reforzamiento de los servicios de salud mental con perspectiva de género.
  • - Evaluar, con la participación de las asociaciones de mujeres, el impacto de genero del gasto público sanitario, actualmente inferior a la media europea (5,8% del Pib frente al 7,2%).
  • - Eliminación del copago sanitario que penaliza a las personas ancianas en su mayoría mujeres.
  • - Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985.Reducir la alta instrumentalización del parto. No a la maternidad subrogada



7.- Igualdad en la sostenibilidad de los recursos naturales y sociales
Por primera vez en tres millones de años la atmósfera de la tierra ha superado la cota de 400 partes por millón de CO2 y otros gases de efecto invernadero, elevando en 2 grados la temperatura respecto a hace dos siglos, con catástrofes violentas o persistentes, y acidificando los océanos. Ningún derecho subsistirá si colapsa el planeta. Todas las personas, instituciones y movimientos sociales debemos revisar nuestros comportamientos individuales de producción, consumo y transporte y nuestras propuestas colectivas para reducir urgentemente las emisiones de gases y el cambio climático y universalizar los objetivos de erradicar la pobreza, el hambre y las desigualdades, procurar salud y bienestar para tod@s en todas las edades; lograr la soberanía alimentaria, mejorar la nutrición y la agricultura, el acceso al agua y la energía; hacer sostenibles las viviendas y ciudades, conservar los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y marina, y construir la paz, la inclusión social, el acceso a la justicia e instituciones eficaces que rindan cuentas.
  • - Construir la Soberanía Alimentaria como facultad de cada pueblo para definir sus políticas para el desarrollo agrario sostenible y la seguridad alimentaria, sin gestionar el derecho humano a la alimentación y la lucha contra el hambre como un negocio de las multinacionales, sino un asunto de la sociedad civil y la población agraria locales.
  • - Evaluar cómo la agricultura y ganadería de proximidad evitan la pobreza o emigración de la población rural y reducen el envasado y transporte de gran impacto ambiental global. Adaptar las normas de sanidad alimentaria a las pequeñas explotaciones y mercados y ampliar sus redes de comercialización para que no sucumban en accesibilidad, horarios y precios a la de las multinacionales de supermercados.
  • - Evaluar la diferencia en el uso del tiempo por mujeres y hombres, tanto rurales como urbanos, y su impacto ambiental por los hábitos personales y familiares de compra, conservación y preparación de alimentos, vivienda, trabajo, consumo, transporte.
  • - Visibilizar y empoderar a las mujeres del mundo rural, su participación en la vida económica, y sociocultural y en la cohesión social y la gobernanza local, y eliminar la exclusión de los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes del equilibrio de sexos.
  • - Asegurar la conexión a internet y fomentar el uso de las tecnologías de la información en el medio rural, eliminando la brecha digital de género en todas las edades.
  • - Promover el cooperativismo y el emprendimiento femenino rural con infraestructuras, crédito y formación.
  • - Impulsar realmente la titularidad compartida por las mujeres de las explotaciones agrarias, pues pese 5 años de la Ley 35/2011 más del 70% de los propietarios son hombres.
  • - Por  una política estatal de vivienda que incremente la inversión en viviendas sociales,  priorizando su acceso a las personas con rentas bajas, en especial a las familias a cuyo cargo se encuentre una mujer. Una vivienda al alcance de todos es fundamental para lograr una economía solidaria y sostenible y, en particular, es básica para los y las titulares de rentas bajas, entre quienes se sitúan especialmente las mujeres al frente de familias  monoparentales.

8.- Educar para la Igualdad

  • -Una Ley Orgánica sobre la Ordenación del Sistema Educativo. Derogar la LOMCE y sustituirla por una Legislación basada en el consenso social y la participación de toda la comunidad educativa,  con criterios de equidad social y de género.
  • -Supresión de conciertos con escuelas que segreguen por sexos.
  • -Currículum coeducativo. Contenidos educativos que promuevan activamente la deconstrucción de los estereotipos sexistas y de los roles de género en todas las etapas. Y medios formativos, personales y materiales para desarrollarlo.
  • -Establecimiento de un área específica de educación para la ciudadanía que incluya la equidad de género, en todos los niveles educativos.
  • -Orientación académica y profesional que supere los estereotipos profesionales y la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo.
  • -Prioridad a la educación socioemocional y en valores que promueva activamente relaciones igualitarias y prevenga la violencia de género.


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